¿Quién verifica a quienes aspiran a gobernarnos?
El reto de la debida diligencia política en México
En México, las empresas han aprendido que antes de contratar a un directivo, incorporar a un proveedor estratégico, aceptar a un nuevo socio o realizar una operación relevante, es indispensable conocer con quién se está haciendo negocio.
Hoy hablamos con naturalidad de compliance, debida diligencia, prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente, beneficiarios controladores, conflictos de interés y evaluación de riesgos.
Sin embargo, existe una paradoja difícil de ignorar: mientras el sector privado ha incrementado considerablemente sus procesos de verificación, quienes aspiran a ocupar posiciones de poder público no siempre están sujetos a mecanismos de revisión con el mismo nivel de profundidad.
Y el riesgo es considerablemente mayor.
De “Know Your Customer” a “Know Your Candidate”
En el mundo corporativo existe un principio ampliamente reconocido: conocer a la contraparte antes de establecer una relación relevante.
Las instituciones financieras aplican procesos de Know Your Customer (KYC). Las empresas realizan debida diligencia sobre proveedores, socios, empleados y terceros. Las organizaciones con programas maduros de cumplimiento incluso aplican procesos reforzados cuando una operación, persona o jurisdicción representa un riesgo superior.
¿Por qué no trasladar esa misma lógica al ámbito público?
Podríamos llamarlo Know Your Candidate: conoce a tu candidato.
No se trata de investigar preferencias políticas, ideologías o vida privada. Tampoco significa presumir culpabilidad.
Se trata simplemente de identificar factores objetivos de riesgo antes de que una persona reciba facultades para administrar recursos públicos, otorgar contratos, nombrar funcionarios, dirigir instituciones o tomar decisiones que pueden afectar a millones de personas.
Una candidatura también representa un riesgo
Desde una perspectiva de gestión de riesgos, una candidatura política debería analizarse de forma similar a una posición crítica dentro de una organización.
Entre otros elementos, una revisión profesional podría considerar:
antecedentes judiciales y administrativos;
posibles conflictos de interés;
participación en sociedades mercantiles;
relaciones empresariales relevantes;
condición de Persona Políticamente Expuesta y vínculos relacionados;
sanciones administrativas;
operaciones o estructuras corporativas que requieran mayor análisis;
listas nacionales e internacionales relacionadas con corrupción, lavado de dinero o actividades ilícitas;
información fiscal pública relevante;
investigaciones periodísticas y medios adversos;
evolución patrimonial y posibles inconsistencias;
relaciones relevantes con personas o empresas de alto riesgo.
La existencia de alguno de estos elementos no necesariamente implica responsabilidad legal.
Ese punto es fundamental.
Una investigación de antecedentes seria debe distinguir entre una sentencia, un procedimiento abierto, una investigación, una sanción, una acusación periodística y un simple señalamiento.
El objetivo no es condenar anticipadamente.
El objetivo es identificar riesgos y permitir que éstos sean evaluados antes de tomar una decisión.
El verdadero problema: descubrir demasiado tarde
Uno de los errores más costosos en cualquier sistema de compliance ocurre cuando la investigación comienza después de que surge el problema.
Las empresas lo conocen perfectamente.
Cuando aparece un caso de fraude, corrupción, lavado de dinero o conflicto de interés, frecuentemente la primera pregunta es:
¿Nadie revisó esto antes?
En política deberíamos hacernos exactamente la misma pregunta.
La revisión de antecedentes no debería comenzar después de una denuncia pública, una investigación penal o un escándalo mediático.
Debería realizarse antes de registrar una candidatura y antes de entregar poder público.
La prevención siempre resulta menos costosa que la reacción.
La revisión no debería ser selectiva
Existe además otro elemento esencial: la debida diligencia pierde eficacia cuando únicamente se aplica a determinadas personas.
En una empresa no tendría sentido establecer una política bajo la cual cada proveedor decidiera voluntariamente si quiere ser investigado.
Tampoco sería razonable permitir que el área comercial eligiera qué proveedores deben pasar por compliance y cuáles pueden evitar el proceso.
Un sistema de integridad funciona precisamente porque existen criterios objetivos, procedimientos homogéneos y controles independientes.
El mismo principio debería aplicarse a las candidaturas.
Una verdadera política de integridad debería establecer revisiones con criterios uniformes para todas las personas que aspiren a posiciones públicas relevantes, independientemente de su partido, trayectoria, popularidad o capacidad electoral.
Transparencia sin linchamiento
También debe reconocerse un riesgo en sentido contrario.
Una revisión de antecedentes mal diseñada puede convertirse en un instrumento de persecución política, filtraciones, campañas negativas o acusaciones sin sustento.
Por eso resulta indispensable establecer reglas claras.
Un modelo profesional debería diferenciar los niveles de evidencia, identificar las fuentes de información, permitir aclaraciones del investigado y clasificar los hallazgos mediante una metodología objetiva de riesgo.
No todo antecedente representa el mismo nivel de exposición.
No es lo mismo una nota periodística que una sentencia.
No es lo mismo aparecer mencionado en una investigación que haber recibido una sanción administrativa.
No es lo mismo mantener una relación comercial legítima que participar en una estructura diseñada para ocultar al verdadero beneficiario.
Precisamente para eso existen las metodologías de compliance: para sustituir percepciones por análisis.
El reto rumbo a los próximos procesos electorales
México enfrentará en los próximos años procesos electorales cada vez más complejos.
La influencia económica, los conflictos de interés, la corrupción y la posible infiltración de organizaciones criminales representan riesgos que ninguna democracia debería minimizar.
La discusión, por lo tanto, no debería centrarse únicamente en señalar personas o partidos.
La pregunta institucional es mucho más importante:
¿Qué mecanismos tenemos para asegurarnos de que quienes aspiran a ejercer poder público hayan sido previamente sujetos a una debida diligencia razonable?
Si una empresa investiga a quien administrará unos cuantos millones de pesos, resulta lógico preguntarse qué nivel de revisión debería exigirse a quien administrará presupuestos públicos que pueden alcanzar miles de millones.
La integridad también puede verificarse
La democracia requiere votos. Pero también necesita controles.
La confianza pública no debería depender exclusivamente de declaraciones patrimoniales, discursos de campaña o compromisos personales.
Hoy existen herramientas, fuentes públicas, metodologías de investigación y tecnología capaces de identificar numerosos factores de riesgo antes de que éstos se conviertan en crisis.
El desafío no es tecnológico. Es institucional.
En el sector privado existe una frase recurrente dentro del mundo del cumplimiento:
“Confía, pero verifica.”
Quizá ha llegado el momento de aplicar ese mismo principio a quienes aspiran a gobernarnos.
Porque antes de contratar, asociarnos o cerrar un negocio queremos saber con quién estamos tratando.
Antes de entregar poder público, deberíamos exigir exactamente lo mismo.piece a escribir aquí...