Dan dientes a ASF

Tendría mayores facultades en el sistema anticorrupción. Aprueban diputados que fiscalice deudas estatales y revise en tiempo real
Por: Rolando Herrera

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) crecerán dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.La dependencia ahora podrá realizar revisiones en tiempo real, auditar la adquisición de deuda de los gobiernos locales que usen como garantía fondos federales y emitir dos veces al año informes individuales de resultados. También, conforme al acuerdo que de última hora alcanzaron los partidos en la Cámara baja, podrá conocer de asuntos locales a petición de los congresos de los estados.
El predictamen elaborado por la Mesa de Trabajo, que conjugó las propuestas de las distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil, establece que la Auditoría también podrá fiscalizar los fideicomisos privados que ejerzan fondos públicos. “En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales”, señala el documento.
Agrega que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los tribunales de lo contencioso en los estados, pasarán a ser tribunales de justicia administrativa y serán los encargados de imponer las sanciones graves a los servidores públicos.
Además, estos órganos, también conocerán de actos de corrupción en el que hayan participado particulares y podrán emitir sanciones en contra de ellos, ya sean personas física o morales. En el caso del Tribunal Federal, indica el documento, los Magistrados serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado. “Los Magistrados de Sala Superior durarán en su encargo quince años improrrogables y los de Sala Regional diez años, pudiendo estos últimos ser considerados para nuevos nombramientos. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley”, indica. También se cambia la denominación de las contralorías de los órganos autónomos como la CNDH, el INE, el IFAI, etcétera., por el de Órganos Internos de Control (OIC) y se establece que el titulares de dichos OIC serán designados por la Cámara de Diputados por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
El documento establece la existencia de un Sistema Nacional de Integridad Pública, el cual es coordinado por un Comité, en el cual no figuran el Presidente de la República ni los gobernadores, como en un borrador se propuso y que generó un amplio rechazo de la academia y de la sociedad civil. Sobre la Secretaría de la Función Pública (SFP), el documento sólo establece en uno de los artículos transitorios que el Legislativo tendrá que hacer las modificaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que pueda cumplir con lo previsto en el decreto. Los grupos parlamentarios acordaron que el nombramiento del titular de la SFP sea ratificado por el Senado a propuesta del Presidente. En el documento también se establece la obligación de los servidores públicos de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, pero no establece que éstas serán de carácter público.

Contenidos del acuerdo

Principales puntos del sistema anticorrupción cuya iniciativa se discute en la Cámara de Diputados.

· Procederá la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.
· La ASF podrá realizar auditorías en tiempo real.
· La ASF presentará informes individuales de auditoría.
· La ASF podrá conocer de asuntos locales a petición de los Congresos estatales.
· Los titulares Órganos Internos de Control de los órganos autónomos serán designados por la Cámara baja.
· Los servidores públicos presentarán declaración patrimonial y de conflicto de interés.
· Se crea el Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar faltas graves.
· Se establece un Sistema Nacional Anticorrupción.
· Informes de fiscalización a nivel federal y local serán público.
· El Secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado de la República.
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