Alegan riesgo; guardan contrato de Higa

Víctor Fuentes: www.reforma.com/

Cd. de México (07 abril 2015).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) presentó un escenario de peligro a la vida del Presidente por actos de sabotaje e incluso de riesgos por ataques terroristas para justificar la reserva por 12 años del contrato a una filial de Grupo Higa para la ampliación del Hangar Presidencial.

“La publicación de la información ocasionaría directamente daños de imposible reparación, entre ellos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien es presidente del Consejo de Seguridad Nacional, a su gabinete legal y ampliado, al personal del Hangar Presidencial y a invitados especiales, poniendo en riesgo su vida por posibles actos de sabotaje”, dice la justificación de la reserva.

El documento de dos cuartillas fue firmado por Mario Alberto Morales, Gerente de Proyectos del AICM, quien también alegó “riesgos de ataques de grupos delictivos y terroristas”.

Una versión pública del contrato de 794 millones de pesos con IVA, adjudicado directamente el 3 de julio de 2014 a Concretos y Obra Civil del Pacífico, la filial de Higa, fue difundida por el AICM luego del escándalo de la Casa Blanca,y de que el IFAI considerara injustificada la reserva.

El contrato no contiene detalle alguno sobre las instalaciones, los criterios estructurales o constructivos, las redes de voz y datos, las acometidas eléctricas o las tuberías hidráulicas, que también fueron mencionadas como justificación para la reserva.

En la versión pública del contrato, que fue censurado parcialmente, consta que Concretos y Obra Civil del Pacífico obtuvo anticipo del 30 por ciento, el más alto que, salvo casos excepcionales, permite la Ley de Obras Públicas.

En octubre de 2013, el AICM firmó un convenio de colaboración con el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este proyecto. Pero en la versión pública, fueron suprimidos los compromisos que adoptó el Estado Mayor Presidencial.

Posteriormente, en mayo de 2014, las mismas partes firmaron un nuevo convenio en el que la SCT aceptó canalizar 945.5 millones de pesos para financiar las obras, necesarias por el gran tamaño del nuevo avión presidencial, un Boeing 787 Dreamliner.

La versión pública del contrato también suprimió el párrafo central en el que consta lo que “las partes” acordaron en el convenio de 2014.

Grupo Higa, que para entonces se aprestaba a participar en las licitaciones para el tren México-Querétaro, el Museo del Barroco en Puebla y el acueducto Monterrey VI, tuvo que aportar una fianza de 79 millones de pesos, un seguro de responsabilidad civil por 8.3 millones de pesos, y se comprometió a entregar la obra el próximo 31 de agosto.

El AICM no contrató a otra empresa para supervisar los trabajos, sino que asignó esa función a Roberto Vera Mireles, uno de sus propios funcionarios.